“…Mi mayor afán es revertir esta situación y dotar al INSST de la visibilidad que como agente institucional central en las políticas nacionales de las condiciones de trabajo debe tener…»

Entrevista a:
D. Francisco Javier Pinilla García
Director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Entrevistado por Emilio González. Área de Prevención de FREMAP

El pasado mes de julio, se publicaba el Real Decreto 903/2018, que, entre otras cuestiones, procedía a cambiar el nombre del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, pasando a denominarse Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante INSST). Pocas semanas después, se procedía al cambio de dirección del mismo, habiendo optado el Gobierno por designar, por primera vez para dicho cargo, a un funcionario de la Escala de Titulados Superiores de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) desde 1987. Aprovechamos la ocasión para felicitar y desearle el mayor éxito en este cometido, a D. Francisco Javier Pinilla García.

Antes de acceder a esta dirección, ha sido Jefe del Servicio de Asesoramiento y Normas, Consejero Técnico de Dirección del INSST y Coordinador de Investigación de este organismo, encargado de la promoción y ejecución de la investigación interna y de la coordinación de la investigación externa (universidades y centros tecnológicos), trabajos que ha compaginado con otras actividades propias de la docencia.

 

¿Cómo se ha acogido el cambio de denominación del Instituto, por parte del personal que ahora dirige? ¿Qué sentido tiene este cambio?

La denominación de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo comienza en 1982 y se mantiene hasta 2017 en el que se le cambia el nombre por el de Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar. La verdad es que ello se hizo sin mucha consideración a tan dilatada trayectoria histórica y a la marca que había venido representándolo durante 35 años y no contó con la opinión de agentes sociales y comunidad preventiva. Es por ello que generó un rechazo generalizado, ya que muchos vieron en este cambio la plasmación de una modificación de los objetivos fundacionales del instituto.

Se trataría según esta idea en privilegiar un enfoque individual centrado en los comportamientos saludables del trabajador, restando visibilidad a los principales determinantes de la salud y seguridad de los trabajadores que no son otros que los que condicionan su actividad laboral, las herramientas que utiliza y los ambientes físicos, psíquicos y sociales en que trabajan.

Por ello, el nuevo Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, inmediatamente a su toma de posesión, se propuso revertir esa denominación buscando un nombre que se alineara con la denominación más frecuente y acorde con la mayor parte de las instituciones tanto internacionales como de los institutos de las comunidades autónomas. Creo y deseo que, por ello esta denominación permanezca en el tiempo puesto que los términos de seguridad y salud de los trabajadores son comprensivos de todos los ámbitos de actuación de la prevención de riesgos laborales e identifica plenamente el objeto de las actuaciones de esta institución pública.

Es usted un profundo conocedor de la evolución de las políticas de seguridad y salud que se han venido desarrollando en España ¿considera que estas han sido tan positivas como se esperaba?

Un balance de los efectos de las políticas llevadas a cabo en España desde la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 (LPRL) no puede ser de un solo color. Está lleno de claroscuros.

Es verdad que la LPRL creó, quizás, un desmedido optimismo en que los cambios normativos generarían un proceso positivo e inmediato. Lo cierto es que los datos, en particular la evolución de la siniestralidad, se encargaron de enfriar este ilusorio optimismo. No obstante, es innegable que la LPRL generó una gran dinámica de actuaciones desde los poderes públicos y en particular en las empresas.

Si los primeros años tras la ley se percibía una cierta confusión, los sucesivos desarrollos normativos, en particular el Reglamento de los Servicios de Prevención estableció un modelo de organización que tuvo como consecuencia la multiplicación de los agentes de prevención. Así, los Servicios de Prevención Ajenos se convirtieron en inesperado protagonista de este nuevo marco. Hoy su importancia en la actividad preventiva de las empresas españolas es abrumadora.

Según un reciente estudio llevado a cabo por el INSST en 2016, las actividades preventivas de las empresas se sustentan fundamentalmente en recursos técnicos externos:

• Nueve de cada diez empresas disponen de un contrato con un Servicio de prevención Ajeno.
• Para casi cuatro de cada diez, éste es el único recurso disponible, lo cual limita gravemente en la práctica la integración preventiva.
• Por otra parte, trabajadores designados para ejercer funciones preventivas se encuentran en cuatro de cada diez empresas.
• La figura del empresario asumiendo directamente la prevención es residual, tan sólo en menos de dos cada diez empresas de entre 5 y 9 empleados.

Si bien, es innegable que el papel de los servicios de prevención ajenos es positivo para la empresa, pues adquiere en el mercado conocimientos especializados de los que no dispone internamente, ello también ocasiona efectos colaterales dañinos, por ejemplo, alejando la práctica preventiva de la actividad cotidiana de la empresa, haciendo que ésta sea considerada tan sólo como una actividad técnica “externalizable”.

En definitiva, el nivel de externalización es, a todas luces, excesivo y ello constituye sin duda una mala praxis que se debería reconducir cuanto antes.

Otro aspecto que ha mejorado en estos años es la presencia y cualificación de los delegados de prevención y con ello su capacidad para intervenir en la actividad preventiva en la empresa. No obstante, su presencia aún es muy poco relevante allí donde más problemas se acumulan como es la pequeña y mediana empresa. Poco más de un tercio de las empresas de 10 a 49 trabajadores cuenta con delegado de prevención. Bien es verdad que en los tramos siguientes el porcentaje sube, llegando al 91% en las de 500 empleados o más.

La presencia de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es aún menor en los rangos de plantilla en los que se puede constituir. Así, en el amplio rango de empresas de entre 50 y 249 empleados está constituido en sólo la mitad de ellas.

Estos datos provienen de la investigación que ya he señalado, en la cual se encuentran muchos otros de gran interés. Si me he centrado en estos dos es porque considero que ambos son cruciales y determinan la calidad de la acción preventiva en las empresas pues esta es ante todo una tarea de empresarios y trabajadores.

 

Según su punto de vista tras haber realizado una gran cantidad de análisis e informes sobre las “Condiciones de Trabajo de las y los trabajadores en España” ¿Cómo han evolucionado los riesgos en los puestos de trabajo y las consecuencias que estos han provocado en la población trabajadora?

Los riesgos laborales que afectan a la seguridad y la salud de los trabajadores se derivan de dos grandes grupos de cusas, una de las herramientas del trabajo y otra de la organización del trabajo. Tanto aquellas como estas han cambiado profundamente en las últimas décadas. Además, en el caso de España otros cambios, como es el demográfico, se superponen.

La población ocupada muestra un claro envejecimiento, debido, en buena parte, a la importante destrucción de empleo juvenil durante la crisis. Así mismo, la proporción de mujeres ocupadas crece, si bien aún se mantiene una marcada segregación tanto ocupacional como jerárquica.

El empleo de tecnologías de información y comunicación se extiende a nuevas ocupaciones, al tiempo que su uso se intensifica. De esta forma, casi uno de cada tres ocupados utiliza para desarrollar su trabajo, siempre o casi siempre, ordenadores u otro equipamiento informático.

Otro innegable factor determinante, han sido, y están aún muy presentes, las condiciones de empleo que se han visto especialmente influidas por estos años de crisis económica. Por ejemplo, las reestructuraciones laborales han afectado a los centros de trabajo del 21% de los trabajadores entre los años 2014 y 2015. Además, el 47% de los trabajadores habían experimentado cambios en sus condiciones laborales en el último año. La orientación más frecuente de estas modificaciones es la de un cierto incremento de las horas de trabajo, de las tareas a desarrollar y de las responsabilidades laborales, así como una reducción del salario.

En cuanto a la exposición a riesgos, los datos globales últimos disponibles, relativos a 2015, muestran que:

• La exposición a riesgos físicos no mejora sustancialmente.
• Crece la incidencia de riesgos ergonómicos: movimientos repetitivos de manos o brazos, que afecta al 69% de los trabajadores.
• Las posiciones dolorosas o fatigantes (54%).
• Llevar o mover cargas pesadas (37%).
• La actividad de levantar o mover personas implica al 11% de los trabajadores. También se observa que desde 2010 ha aumentado la exposición a todos ellos.

También los trabajadores expresan unas mayores exigencias de trabajo:

• Un tercio de los ocupados manifiesta que debe trabajar siempre o casi siempre a gran velocidad.
• El 35% ha de cumplir plazos muy ajustados.
• Quienes deben hacer frente al tiempo a ambas exigencias son más de una cuarta parte del total de los ocupados (26%).
• También es de destacar que un 42% del total de los trabajadores su trabajo implica realizar tareas breves y repetitivas de menos de un minuto.

Por otra parte, crece la diversidad de la organización de las jornadas de trabajo:

• Si bien la mitad de los trabajadores se encuentran satisfechos con la duración de su jornada laboral, aquellos que exceden las 40 horas semanales desearían trabajar menos.
• Por el contrario, aquellos que trabajan menos de 35 optarían, si pudieran, por trabajar más horas. En este último grupo son mayoría los jóvenes de hasta 35 años y las mujeres.

Las mujeres son quienes acumulan más horas de trabajo totales, sumando a las actividades remuneradas, las no remuneradas: labores domésticas y cuidado de familiares.

• De esta forma, si los hombres en media dedican 14 horas semanales a estas actividades no remuneradas (tanto si tienen jornada completa como si tienen jornada parcial),
• Las mujeres con jornada completa dedican 25 horas y con jornada parcial hasta 30 horas.

Trabajar en horarios atípicos -es decir, en sábados o domingos, con jornadas de más de diez horas, a turnos o por la noche- afecta a una proporción significativa de trabajadores:

• el 54% trabaja en sábados,
• el 33% en domingo,
• el 27% realiza una jornada diaria de más de 10 horas y
• el 22% tiene un horario nocturno.

El trabajo a turnos afecta al 23% de los trabajadores. Esta situación explica sin duda las dificultades de buena parte de los trabajadores para una conciliación real. Una cuarta parte señala que tiene problemas para adaptar su horario laboral a sus compromisos sociales y familiares y si observamos la evolución desde 2005, no se aprecia una mejora al respecto.

En cuanto a los daños, son los trastornos musculo-esqueléticos los problemas más habituales de salud manifestados. En particular, el estrés en el trabajo afecta, “siempre o casi siempre” al 30% de los trabajadores, viéndose incrementada su magnitud en los últimos cinco años. Por otra parte, el 16% de los trabajadores tiene dificultades, a diario o semanalmente, para conciliar el sueño, un 20% se despierta varias veces durante el sueño y el 19% se despierta cansado o fatigado. Las dificultades para alcanzar un descanso reparador parecen ser más notables entre las mujeres, los trabajadores mayores y en ciertas actividades como la sanitaria. Por otro lado, casi un tercio de los trabajadores ha perdido algún día de trabajo por una baja médica o por motivos de salud, en el último año y eso que el 41% de los trabajadores afirma que, en los últimos 12 meses, han trabajado estando enfermos, siendo este porcentaje superior al revelado por la encuesta de 2010 (35%).

En definitiva, los numerosos datos que revelan esta encuesta muestran la influencia de poderosas tendencias de cambio que están afectando de forma profunda a las formas en que se trabaja y la salud de los empleados.

Por tanto, el reto que se nos plantea es el de guiar estas transformaciones a fin de evitar un mayor deterioro de las condiciones de trabajo y, por el contrario, aprovechar todas sus potencialidades de mejora. En esa tarea, un trabajo conjunto de los poderes públicos a través de las instituciones estatales, de las comunidades autónomas y de las Mutuas, es imprescindible pero no suficiente, pues lo sustancial de la prevención se realiza en el seno de las empresas y en todas y cada una de las tareas que componen los procesos de trabajo.

 

¿Puede indicarnos cuál será la hoja de ruta o estrategia que se marca para potenciar la labor del INSST como referente de la estrategia preventiva del Estado a fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en España?

En este periodo en que me han encargado dirigir una institución tan prestigiosa y central en las políticas de prevención en España, mi objetivo principal es el de visibilizar aún más la importancia de la atención a los riesgos laborales.

La situación global, como hemos visto, suma a los riesgos tradicionales que aún deben preocuparnos, nuevos problemas derivados de los cambios sociales, tecnológicos y organizativos en las empresas.

La variedad y complejidad tanto tecnológica como social de estas amenazas hace imprescindible un reforzamiento del conjunto de las instituciones públicas y privadas encargadas de su control y mejora.

En particular al INSST esta coyuntura le encuentra en situación precaria en lo que se refiere a sus recursos. En los diez últimos años ha perdido el 35% del personal técnico y el 44% del total de su plantilla. Una sangría de estas dimensiones en un momento como he señalado en el que más y más complejos riesgos afectan a la población laboral, constituye la peor de las situaciones imaginables. Por ello, mi mayor afán es revertir esta situación y dotar al INSST de la visibilidad que como agente institucional central en las políticas nacionales de las condiciones de trabajo debe tener. Para ello es imprescindible y urgente acometer la prevista reforma de su regulación legal y organizativa ya demandada por los agentes sociales desde 2005.

Sólo con instituciones públicas fuertes y eficientes, desarrollando la imprescindible investigación y promoción, aliado con un adecuado sistema de control y vigilancia se podrán afrontar los retos que el trabajo de hoy, y del próximo futuro, supone para la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

 

Muchas gracias, Javier, por haber encontrado un espacio en su agenda para trasladar a nuestras empresas asociadas su visión de la prevención actual y de futuro próximo.